Hasta ahora todos sospechaban el poder que tienen las redes sociales sobre nuestra sociedad; se hicieron documentales y películas donde la ficción buscaba denunciar las sutilezas con que estas plataformas podían influir en la opinión pública y generar resultados impensados. Pero ni siquiera en las ficciones más disruptivas se planteó el escenario que se dio el viernes 8 de enero: Twitter suspendió “en forma permanente” la cuenta personal del Presidente de los Estados Unidos y borró otros tweets de la cuenta oficial que es usada por quien ocupe ese cargo. Nunca antes en la historia un presidente elegido democráticamente había sido silenciado por una empresa y de su mismo país.


La pregunta que lógicamente se plantea es: si una compañía, basándose en las reglas que ella misma impone, puede silenciar o dejar sin capacidad de expresión a un presidente, ¿quién detenta el poder y el respeto por las garantías constitucionales?

En una República donde hay división de poderes y donde hay garantías explicitadas en una Constitución, el poder es de los ciudadanos que a través del voto eligen a quienes los gobernarán en su representación. Estados Unidos no escapa a esta lógica de funcionamiento y la Primera Enmienda de su Carta Magna dice que “El Congreso no creará ninguna ley (…) que cercene la libertad de expresión o de la prensa”. Quienes redactaron esta enmienda en ese entonces no creyeron que podría haber algo más poderoso para afectar la libertad de expresión que el gobierno y así fue por varios siglos… hasta la aparición de las Big Techs (así se conoce a las compañías que prestan servicios basados en internet).

En otro momento hemos hablado de la famosa sección 230 de la Ley de Decencia en la Comunicación de los Estados Unidos que intentó darle impulso al desarrollo de las empresas tecnológicas y que les quitaba responsabilidad por los contenidos publicados por los usuarios. Esta sección permitió que tanto Twitter como Facebook crecieran exponencialmente y sólo tuvieran que dar respuesta en caso de que se encontrara que el contenido publicado por algún usuario fuera de carácter ilegal (distribución de pornografía, mercado negro, entre otros) y la red social omitiera retirar ese material tras haber recibido denuncias de su existencia.

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